Luego de que el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires (Argentina) se negara a aceptar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ampliara su declaración indagatoria, luego de preguntarle a la Fiscalía en el alegato final del juicio contra sus 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Kirchner hizo una intervención pública a última hora de este martes desde su oficina en el Senado, donde se desempeña como presidenta.
El actual vicepresidente del país, uno de los líderes del peronismo y de la coalición Frente de Todos, fue cubierto por unas mil personas, que siguieron el discurso desde el exterior del edificio y cantaron con ela el himno peronista, cuando salió a un balcón una vez terminado.
En un discurso de una hora y 40 minutos defendió la acción de Gobierno de su colega Néstor Kirchner (2003-2007) y de ela misma (2007-2015), destacando que fueron «los doce años del mejor Ejecutivo que ha tenido la Argentina en muchas décadas”, enfatizando las políticas de memoria, los aumentos salariales y el compromiso de no endeudar al país a través de los organismos financieros internacionales.
En ese sentido, apuntó a los integrantes del sistema judicial por intentar limitar las políticas transformadoras de los gabinetes progresistas. “No se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora están protegiendo a los que de verdad roban en el país” enfatizó Kirchner en referencia a los fiscales del caso en particular, Diego Luciani y Sergio Mola, y de la Justicia del Estado, que advirtió, continúa dominada por allegados de la última dictadura cívico-militar en el país, entre 1976 y 1983.
Al mismo tiempo, denunció que «en esta farsa de hoy que es la la guerra de leyes [uso indebido dos procesos xudiciais para atacar un opoñente político] en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay un Partido Judicial, dan un paso más allá», lamando a su caso un «pelotón de fusilamiento mediático judicial» y un «juicio contra el peronismo», advirtiendo a la coalición que cualquiera puede ser el objetivo de los sectores judiciales y los medios alineados con la oposición, dice Perfil.
Además, rompió los lazos de Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del tribunal que la juzga, con los militares golpistas, pues su padre fue director de ceremonias de los dictadores Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone, y su pareja, Josefina Hornos, nieta de Armando Hornos, coronel que encabezó la masacre de Margarita Belén en 1976, en la que murieron y desaparecieron quince militantes peronistas.
También responsabilizó de la situación al presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires, Mariano Llorens, quien ingresó a la Cámara de Apelaciones en la época del anterior presidente, Mauricio Macri, y quien habría espiado a los familiares de las víctimas del AHORA San Juanun submarino de la Armada hundido en 2017 con 44 tripulantes a bordo.
En contraste con este caso, Kirchner nos acusó de enterrar judicialmente pruebas de corrupción que implican a Macri, como hasta 100 mensajes intercambiados por su mano derecha, Nicolás Caputo, con el exsecretario de Obras Públicas, José López, detenido cuando intentó ocultar nueve millones de euros en un convento del país.
Organismos públicos niegan que hubo corrupción
El juicio contra Kirchner y otros tres exfuncionarios públicos se basa en un presunto caso de corrupción en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por contratar hasta 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez, también imputado. En el proceso, que comenzó en 2019, el expresidente es acusado de ser el cabecila de una asociación ilícita y de administración irregular de fondos públicos. Sin embargo, ni los testigos, ni la Oficina Anticorrupción ni la Unidad de Inteligencia Financiera del país respaldaron las acusaciones llegando incluso a pedir la absolución, señaló Página 12. El Gobierno argentino y más de 500 alcaldes también la apoyaron.
Sea como fuere, la inmunidad de la presidenta del Senado le impide ir a prisión hasta que la Corte Suprema de Justicia ratifique la decisión, para que pueda participar en las elecciones generales de 2023.
