El Consejo General del Poder Judicial (CXPX) lleva tres años de retraso este sábado en la renovación de su membresía, ya que el mandato finalizó oficialmente en 2018, debido a la incapacidad de PSOE y PP para encontrar un punto de acuerdo sobre sus nuevos miembros. Esta parálisis, luego de que la reforma operara para impedirle hacer nombramientos al Poder Judicial mientras aún estaba en el cargo, ha llevado a algunas salas del Tribunal Supremo a una situación de «colapso».
En un último esfuerzo negociador, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, entablaron el pasado mes de octubre un nuevo diálogo para renovar los órganos constitucionales cuyo mandato había expirado. Y así lo han conseguido con el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, pero el CGPJ es la pieza que aún está pendiente.
El impedimento para tener convenio en este predio es el sistema de elección de los doce vocales del turno judicial. El PP exige que se modifique la ley como primer paso para que los jueces sean elegidos por los propios jueces. Entonces se llevaría a cabo la renovación.
Sin embargo, el Gobierno de España no cierra la puerta a dicha reforma regulatoria pero cree que el orden correcto para abordarla es fechar inicialmente los cambios en el Poder Judicial.
Con estas posiciones, las fuentes cercanas a la negociación que fueron consultadas por Europa Press no ven posible que haya una aproximación de las posiciones que permitan la renovación antes de fin de año.
Malestar del poder judicial
Así se presenta la fecha del 2021 a pesar de que el presidente de la CXGX y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, volvió a denunciar, con motivo de la apertura del año judicial el 6 de septiembre, lo «insostenible». situación del gobierno de los jueces, instando a las fuerzas políticas a dejar este asunto fuera de la lucha «partidista» para seguir adelante.
Lesmes advirtió que la falta de renovación no es solo un problema para el Poder Judicial, sino también para la sociedad española en su conjunto, ya que «fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial».
